|
MÉXICO, DF.-
Después de escaramuzas entre diputados
del partido gobernante y opositores, con acusaciones mutuas, el Pleno de
la Cámara de Diputados aprobó por 335 votos a favor, 13 en contra y 4
abstenciones, el dictamen que expide la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, que establece sanciones a las conductas de
corrupción que se presentan en los procedimientos de contratación
pública federal, incluidos los actos y procedimientos a concurso,
convocatoria o licitación.
Las sanciones a imponerse a los infractores de la Ley consistirían en
multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario
mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, e inhabilitación
para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un
periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años para el
caso de personas físicas.
Por su parte, para las personas morales se señala una multa equivalente
a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo
diario general vigente para el Distrito Federal, e inhabilitación para
participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo
que no será menor de tres meses ni mayor de diez años.
Se establece que la Secretaría de la Función Pública sería en el ámbito
de la Administración Pública Federal y en las contrataciones públicas
que realicen las entidades federativas y municipios con cargo total o
parcial a recursos públicos federales, la autoridad facultada para
investigar y, en su caso, sancionar a los particulares que incurran en
las infracciones que establece la Ley propuesta.
Con el objeto de fomentar la formulación de denuncias y combatir la
impunidad en este tipo de prácticas de corrupción, se prevén mecanismos
de reducción de sanciones a las personas que confiesen su
responsabilidad y cooperen en forma plena y continua con la autoridad
competente que lleve a cabo la investigación y, que en su caso,
substancie el procedimiento administrativo respectivo.
El dictamen señala que en las contrataciones públicas de carácter
federal existe un importante ejercicio de recursos públicos, por lo que
debe asegurarse que dichos procedimientos se encuentren en todo momento
apegados a la legalidad y de que en los mismos se obtengan las mejores
condiciones para el Estado, por lo que en las determinaciones de quien
debe ser proveedor para el gobierno no deben influir factores externos
que comprometan la imparcialidad de los servidores públicos
involucrados.
Subraya que la aprobación de la minuta vendría a llenar una laguna en el
marco jurídico en virtud del cual actualmente no se puede sancionar
desde el punto de vista administrativo a los particulares que cometan
actos de corrupción en las contrataciones públicas, por lo que se
considera inaplazable que quien lleve a cabo dichas conductas se les
sancione con multas e inhabilitaciones que les impidan continuar
manteniéndose como proveedores del gobierno.
|
