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MÉXICO, DF.- La senadora Emma Lucía Larios Gaxiola presentó un
punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo Federal elabore
a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil con completo
apego a las disposiciones que la propia ley dispone, así como a la
Constitución y a los instrumentos internacionales vigentes en la materia
de los que México sea parte.
Larios Gaxiola pidió al Ejecutivo que invite a las madres y padres de
familia que integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio
A.C. a participar en el proceso de elaboración del Reglamento.
La invitación, agregó la Legisladora por Sonora, también deberá
extenderse a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en
derechos de la infancia para que participen en una Mesa de Trabajo en la
que intercambien puntos de vista con el objeto de fortalecer el
estatuto.
La Senadora recordó que el 29 de abril de 2011 el Senado aprobó por
unanimidad la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como Ley 5 de junio y
publicada el 24 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la
Federación.
“Este ordenamiento representó una importante respuesta del Estado
mexicano ante la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, en Hermosillo,
Sonora el 5 de junio de 2009, donde perdieron la vida 25 niñas y 24
niños y, otros 75 resultaron con quemaduras y lesiones que los dejaron
marcados –a ellos y a sus familiares- por el resto de su vida”, señaló
Larios Gaxiola.
“El artículo segundo transitorio de la ley señala que las disposiciones
reglamentarias deberán ser expedidas por el Poder Ejecutivo Federal
dentro de los 180 días siguientes de su entrada en vigor y a la fecha
han transcurrido más de 200 días y no ha sido expedido el Reglamento”,
indicó.
Al ser una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal “consideramos de
vital importancia que se formule una reglamentación a la altura de los
reclamos de la sociedad mexicana, que cuide y sea escrupulosa respecto a
las disposiciones de la ley y que responda fielmente a los compromisos
que derivan de los mandatos constitucionales y los tratados
internacionales, que señalan una responsabilidad ineludible del Estado
con los derechos de la infancia”, abundó.
También, añadió la legisladora sonorense, “es indispensable que exista
voluntad política, como la tuvo el Congreso de la Unión, para escuchar y
hacer partícipes a padres y madres de las víctimas, a organizaciones y
especialistas, de la construcción de la normatividad en esta materia tan
sensible y trascendente para el Estado mexicano”.
La ley “reconoce como un derecho de las niñas y los niños recibir dichos
servicios en condiciones de calidad, seguridad, protección, calidez y
respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de
garantizar el interés superior de la niñez”, indicó.
También “establece la concurrencia entre la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y sus órganos político- administrativos,
con el fin de garantizar el acceso de las niñas y los niños a los
servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en
condiciones de calidad, seguridad, protección y promoción del ejercicio
pleno de sus derechos”, mencionó.
Asimismo, añadió, la ley establece importantes reglas en materia de
capacitación, otorgamiento de permisos, evaluación, verificación,
medidas precautorias, entre otras, y se establecen diversos
instrumentos, mecanismos institucionales y acciones de política de
relevancia, con obligaciones concretas por parte de los distintos
órdenes de gobierno.
“El ordenamiento surgió en gran medida por el empuje e iniciativa de las
madres y padres de familia que desafortunadamente perdieron a sus hijas
e hijos y de quienes sufrieron afectaciones permanentes. Muchos de
ellos, aglutinados en el Movimiento Ciudadano Justicia 5 de junio”,
manifestó.
En la elaboración de la ley las madres y padres de familia concurrieron
con organizaciones de la sociedad civil y con expertos en el tema de la
infancia, con la anuencia de los diferentes grupos parlamentarios
representados en el Congreso de la Unión, dijo.
Lo anterior, continuó, “permitió generar un procedimiento legislativo
que estuvo a la altura de un reclamo legítimo de toda la sociedad
mexicana para que hechos como los ocurridos en la guardería ABC nunca
más vuelvan a repetirse; además, se lograron consensos fundamentales
sobre las condiciones esenciales de calidad y seguridad y sobre el
enfoque que debe tener la prestación de los servicios de cuidado
infantil en el país, por lo que es de vital importancia la publicación
del Reglamento”.
Signaron el punto de acuerdo, junto con la Legisladora del PAN, los
senadores Carlos Sotelo García y José Luis Máximo García Zalvidea del
PRD y Carlos Jiménez Macías del PRI.
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