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MÉXICO, DF.- A fin de que se emitan recomendaciones para la
prevención y eliminación del uso excesivo de fuerza y brutalidad
policiaca en la frontera con Estados Unidos contra connacionales, la
senadora Adriana González Carrillo pidió al Gobierno Federal establecer
un Grupo de Trabajo Intersecretarial que dé seguimiento puntual a esos
casos.
A través de un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión
Permanente, la legisladora por el Estado de México también exhortó a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a
convocar, --ante los graves eventos de brutalidad policiaca contra
inmigrantes mexicanos a manos de la patrulla fronteriza--, a una reunión
extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados Unidos para
la implementación de la Declaración sobre la Administración de la
Frontera en el Siglo XXI.
“El propósito es evaluar la observancia de la Declaración Conjunta
México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región
Fronteriza y analizar posibles reformas a los protocolos vigentes sobre
el particular”, indicó.
La también Secretaria de la Segunda Comisión de la Permanente, solicitó
a la Cancillería diseñar e implementar una ofensiva jurídica y
diplomática en defensa de los mexicanos víctimas de la brutalidad
policiaca y el uso excesivo de la fuerza en Estados Unidos.
“En febrero pasado, tuve la oportunidad de presentar ante el Pleno del
Senado una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución,
abordando el caso de Sergio Adrián Hernández Güereca, quien en junio de
2010, y con apenas 15 años de edad, fue asesinado por el disparo de un
agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense en el Puente
Internacional entre Ciudad Juárez y El Paso.
“En aquella proposición, vinculé este incidente con otros que integran
ya una larga lista de operativos que la Patrulla Fronteriza ha venido
implementando y en los que despliega acciones sin precedentes de
brutalidad y uso excesivo de la fuerza. Me referí en aquel momento
también al caso de Anastasio Hernández Rojas, asesinado a golpes por más
de 20 agentes de la misma corporación en el cruce de San Ysidro”,
abundó.
En este sentido, González Carrillo lamentó la decisión del Departamento
de Justicia estadunidense de no presentar cargos contra el agente
fronterizo que disparó contra Sergio Adrián, lo que produjo una
exoneración de facto y generó un rechazo generalizado no sólo en México,
sino incluso en Estados Unidos, donde un grupo importante de
legisladores envió una carta de protesta a la secretaria de Seguridad
Interior, Janet Napolitano, y al procurador Eric Holder.
En segundo lugar, agregó, está la noticia sobre la inexplicable demora y
las sospechas de impunidad alrededor del caso de Anastasio Hernández
Rojas.
“Hace apenas unos días su familia viajó a Washington, donde, con la
colaboración de la Embajada de México, entregaron al Departamento de
Justicia unas 35 mil peticiones a favor del esclarecimiento de este
caso.
“De acuerdo con un documental difundido recientemente por la televisión
pública estadounidense, en ambos casos hay suficiente evidencia para
inculpar a los agentes de la patrulla fronteriza por uso
desproporcionado de la fuerza”, expuso.
Sin embargo, González Carrillo consideró que existe la duda de si el
criterio para exonerar al responsable de la muerte de Sergio Adrián
pueda afectar el proceso contra los responsables de la muerte de
Anastasio Hernández, quien además fue torturado con por lo menos cinco
descargas eléctricas inmovilizadoras.
“Independientemente de que se haga justicia en ambos casos –y en tantos
otros como los de Ramsés Barrón Torres, José Alfredo Yáñez y Carlos La
Madrid, todos jóvenes asesinados por arrojar piedras desde el lado
mexicano--, es necesario insistir en detener el aumento reciente y
sumamente preocupante en el uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes
por parte de corporaciones policiacas de Estados Unidos en la frontera.
“De acuerdo con un reporte reciente del diario ‘Los Angeles Times’, hay
aproximadamente 21 mil agentes entrenados para usar armas letales en su
vigilancia cotidiana de la frontera, y una mezcla entre entrenamiento
insuficiente, baja supervisión pública y altas dosis de xenofobia da
origen a eventos funestos como los mencionados”, apuntó.
La senadora de Acción Nacional aseguró que el gobierno mexicano puede
hacer mucho más que encabezar la defensa y el reclamo de justicia en
cada uno de estos casos.
“Puede y debe, desde nuestra perspectiva, convocar a sus pares
estadunidenses con el fin de analizar el mecanismo idóneo para honrar
los compromisos asumidos por ambas partes en materia de cooperación ante
sucesos de violencia fronteriza. Puede y debe priorizar este asunto en
la agenda de diálogo bilateral y multilateral así como buscar un esquema
para evitar, en lo posible, nuevos casos de brutalidad policiaca en
perjuicio de nuestros migrantes”, concluyó.
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